El Ministerio de Trabajo aprobó una nueva regulación de las inspecciones de trabajo y procedimientos. El objetivo es mejorar la protección legal de los trabajadores en tres áreas protegidas: los derechos fundamentales, la vigilancia de las condiciones de trabajo y el contralor de las normas que protegen la persona del trabajador (salud y seguridad en el lugar de trabajo). Esta competencia de protección la tiene la Inspección General del Trabajo.
La Inspección de Trabajo es un actor clave en el control del cumplimiento de las normas laborales, tanto en lo que refiere a las condiciones de trabajo establecidas en las leyes como en los convenios colectivos de trabajo. Quedan bajo su contralor todas las empresas y organizaciones, sea cual sea su naturaleza jurídica y actividad, con independencia si tienen fines de lucro o no. También se controlan aquellas instituciones que, aun no realizando actividad económica, tengan personal dependiente.
Entre las competencias que se le asignan a la Inspección, además de la actividad de contralor típica de cumplimiento de las normas laborales, desarrolla una actividad de protección de los trabajadores a través de información, divulgación e intervención directa. En este sentido está facultada para adoptar medidas de seguridad y salud que protejan la integridad física y psíquica y la capacidad de trabajo del personal. Una competencia importante es la de investigar las causas que hayan originado accidentes de trabajo o enfermedades profesionales.
En el curso del desarrollo de sus funciones, la Inspección de Trabajo puede realizar procedimientos de control de las normas laborales y de las condiciones de salud y seguridad laboral, y en caso de constatar incumplimientos, aplica sanciones que están predeterminadas en función de la gravedad, entre otros aspectos. Para poder realizar las inspecciones, los inspectores de trabajo están autorizados para entrar libremente y sin previa notificación, a cualquier hora del día o de la noche, en todo lugar que esté ocupado por trabajadores.
En este sentido pueden interrogar solo o ante testigos al empleador o al personal de la empresa sobre cualquier asunto relativo al control de cumplimiento de las normas. El inspector en todo caso deberá labrar un acta respecto de los hechos constatados y puede fijar un plazo para que la empresa cumpla con las observaciones.
Finalmente, la norma establece reglas para el procedimiento administrativo y cómo se ejercerá la potestad sancionatoria. En el procedimiento se deberá respetar y aplicar el principio del debido proceso, que comprende el derecho a ser oído, ofrecer y producir pruebas, tratamiento igualitario, el derecho a una decisión expresa y fundada y el derecho a impugnar la resolución sancionatoria, tanto en la vía administrativa como jurisdiccional.
